El Consejo de Ministros aprobó el 21 de febrero la remisión a las
Cortes del Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que por primera vez incluirá
como beneficiarias, independientemente de sus ingresos, a las asociaciones de
víctimas del terrorismo, junto a las de consumidores y usuarios, las de
discapacitados, los sindicatos y representantes de los trabajadores, Cruz Roja,
las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de
Empleo.
El texto aprobado hoy eleva el umbral para que
puedan acogerse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las
fundaciones. A partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son
inferiores a cinco veces el IPREM (31.950 euros), mientras que antes para poder
acceder tenían que tenerlos de menos de tres veces (19.170 euros).
El Proyecto de Ley incorpora a los colectivos vulnerables y
la elevación de umbrales previstos en el anteproyecto de ley aprobado por el
Consejo de Ministros de 13 de enero de 2013.
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