Entre los
motivos que alegan están el que a los psicólogos que realizan su actividad en
el marco de la Administración de Justicia no se les exige una formación
específica en materia jurídica, y proponen:- Establecer unos requisitos mínimos de conocimientos y profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras forenses, así como de otros colectivos de peritos judiciales de forma que se exija una formación adecuada y uniforme, además de una formación continuada la materia.
- La creación de un registro a nivel nacional en el que se incluyan los profesionales de los diferentes ámbitos que cumplan tales requisitos mínimos, dependiente del Ministerio de Justicia.
Para el
Grupo Popular, con esta modificación se mantendrán los niveles de
profesionalidad y permitirá un mejor asesoramiento a jueces y partes implicadas
en los procesos judiciales.
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